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INTERNAMIENTO Y EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

La Ley de Extranjería permite la expulsión de extranjeros/as que se encuentran en España y que carecen de permiso de residencia. Para facilitar la expulsión el juez puede decidir el internamiento.

La defensa frente a estas infracciones puede abarcar:
  • Alegaciones en expedientes de expulsión
  • Recursos administrativos contra resoluciones de expulsión
  • Recursos ante los Juzgados contencioso-administrativo contra la resolución de expulsión
  • Oposición y recursos en el procedimiento de solicitud de internamiento, que se tramita ante el Juez de Instrucción
  • Asistencia en procedimientos de expulsión desde los trámites ante la policial hasta los Tribunales de Justicia.

I. LA EXPULSIÓN

Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a, b, c, d y f del articulo 53 de la La Ley Orgánica 4/2000, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

En cuanto a la situación irregular, ésta se da cuando el extranjero:

     1. Carece de visado temporal o ha expirado su plazo.

     2. No ha obtenido la prórroga de estancia.

     3. Carece de autorización de residencia o la tiene caducada más de 3 meses.

     4. Y siempre que el extranjero/a no hubiera solicitado la renovación en los tres meses posteriores a la pérdida de vigencia de la resolución (artículo 53.a Ley 4/2000).

     5. La autorización de residencia debe considerarse aprobada si en tres meses la Administración no responde a la solicitud (artículo  54.10 Ley 4/2000). Si la administración deniega la renovación es recomendable:

a) Recurrir esta decisión mediante un recurso de alzada (art. 114.2 Ley 30/92).

b) Solicitar un permiso para permanecer en el territorio hasta que se resuelva el recurso. Contra la resolución del recurso de alzada cabe el recurso contencioso-administrativo (art. 115.3 Ley 30/92).


El extranjero/a que carece de permiso de residencia puede ser detenido por
la policía para tramitar su expediente de expulsión mediante el procedimiento preferente.
La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos. La expulsión tendrá como efecto la prohibición de entrada en territorio español por un periodo mínimo de tres años y máximo de diez.


II. EL INTERNAMIENTO

Incoado el expediente por las causas comprendidas en los párrafos a y b del apartado 1 del artículo 54, así como a, d y f del artículo 53, en el que pueda proponerse la sanción de expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al juez de instrucción competente que disponga su ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador, sin que sea necesario que haya recaído resolución de expulsión.

El juez, previa audiencia del interesado, resolverá mediante auto motivado, atendidas las circunstancias concurrentes y, en especial, el hecho de que carezca de domicilio o de documentación, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes.

El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá fijar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado.

Los menores en los que concurran los supuestos previstos para el internamiento serán puestos a disposición de los servicios competentes de protección de menores. El Juez de Menores previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá autorizar su ingreso en los centros de internamiento de extranjeros cuando también lo estén sus padres o tutores, lo soliciten éstos y existan módulos que garanticen la intimidad familiar.

La incoación del expediente las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.


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